Andrés Gabriel Boretto

A finales de la década de los ‘90 y a comienzos del siglo XXI, surge una tendencia a la descentralización y al ascenso de movimientos sociales críticos a las políticas neoliberales; conformando una acción colectiva trasnacional que permitió visibilizar los reclamos de las poblaciones locales (Garino, 2020). Acción colectiva que se constituyó a partir de diferentes actores no estatales, entre los cuales, las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales de base ejercieron un rol considerable.

Estos actores no estatales reciben tres distintas configuraciones, según sus niveles de vinculación y movilización: redes, coaliciones y movimientos transnacionales. Las redes transnacionales de activistas representan las relaciones informales entre los actores no estatales, en torno a intereses compartidos. Mientras que una coalición transnacional supone una coordinación estratégica entre los actores no estatales orientadas a provocar un cambio social, y con un mayor grado de formalización que las redes (Sikkink, 2003). 

Por su parte, los movimientos sociales transnacionales refieren al conjunto de actores no estatales, con objetivos comunes y con la capacidad de generar acciones coordinadas y sostenidas de movilización social en más de un país para influir públicamente. A diferencia de las redes y de las coaliciones, los movimientos transnacionales se caracterizan por su capacidad de movilización conjunta a modo de protesta, más allá de las fronteras (Sikkink, 2003).

Ahora bien, ¿qué alcance tienen los movimientos sociales transnacionales al momento de manifestarse por problemáticas locales con implicancias globales? ¿Cuáles son los reclamos y las consignas adoptadas en los últimos años por parte de estos movimientos? ¿Qué rol tienen en la conformación de las agendas del regionalismo en América Latina? ¿Tienen algún tipo de incidencia efectiva en la integración regional?

Para intentar responder a estos interrogantes, nos concentramos sobre el Acuerdo de Escazú, por considerarlo como un caso especialmente reivindicado por actores no estatales de América Latina y el Caribe. En suma, la coordinación de una movilización conjunta detrás de Escazú propició la unidad de un movimiento social transnacional, es decir, como resultado de una acción colectiva responsable de: establecer una estrategia común de participación durante las negociaciones del Acuerdo, presionar a los gobiernos para que lo ratifiquen e influir en la opinión pública de cada país.

EL MOVIMIENTO SOCIAL TRANSNACIONAL COMO PROMOTOR DEL ACUERDO DE ESCAZÚ

Una de las potencialidades políticas de los movimientos sociales transnacionales radica en que los mismos constituyen una fuerte acción colectiva frente a problemas que trascienden fronteras, es decir, los problemas transnacionales son contestados transnacionalmente. La coordinación y el sostenimiento de una respuesta global es fundamental a la hora de llevar a cabo una movilización social transfronteriza, para influir públicamente y exigir soluciones (Sikkink, 2003).

La presencia internacional de estos movimientos y sus actores es crucial para superar el carácter inter-gubernamental de las iniciativas de integración entre los países, ya que, llevan a una mayor transparencia, representación y responsabilidad de las instituciones internacionales (Sikkink, 2003). 

En este sentido, el Acuerdo de Escazú constituye una lección sin precedentes sobre la potencialidad de organizar la demanda ante conflictos socioambientales comunes a toda la región, a través de la conformación de un movimiento social transnacional en América Latina y el Caribe. Son actores no estatales que unificaron su voz en un movimiento, desempeñando un papel relevante en el desarrollo de un instrumento regional de derechos.

La participación activa y decisiva de los actores no estatales, durante el proceso de negociación, mantuvo un alto grado de ambición del Acuerdo y logró incluir dimensiones claves no previstas por los representantes gubernamentales: “los defensores de los derechos humanos en materia de medio ambiente; la obligación de elaborar una lista de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y ubicación; los principios de no regresión y prevención; y los instrumentos y mecanismos que amplían y facilitan el acceso a la justicia en materia de medio ambiente” (Barchiche, Hege, & Napoli, 2019). 

Entre los actores no estatales que participaron efectivamente se destacan las organizaciones de la sociedad civil, siendo la mayoría miembros de Access Initiative, y el público en general; que podía (presencial o a distancia) contribuir, expresar sus preocupaciones, indicar sus necesidades y dificultades y proporcionar datos e información durante las sesiones de negociación (Barchiche, Hege, & Napoli, 2019). Además, para formalizar la participación del público se requirió de una elección -votación electrónica mediante- de representantes de la sociedad civil, quienes podían asistir a las discusiones entre los países, hacer propuestas concretas para el texto del Acuerdo, siempre y cuando al menos un país aceptara discutir la propuesta.

Para el Dr. Andrés María Nápoli (2020), Director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y representante del público elegido para participar en el Comité de Negociación del Acuerdo de Escazú, la participación del público fue importante en tres sentidos: i) que el Acuerdo no sea una mera declaración de principios como preveían los países en un primer momento; ii) que fuera un instrumento regional con carácter vinculante; y iii) la posibilidad de garantizar la significativa participación del público, es decir, que los actores no estatales fueran realmente escuchados y que sus propuestas no fueran en vano. Nápoli señala que desde la etapa de preparación se comenzó con reuniones entre los actores no estatales para definir una agenda temática, lo cual resultó ser un arduo trabajo y un constante proceso de aprendizaje. 

“Al comienzo, la relación entre el público y los representantes de los gobiernos fue de mucho enfrentamiento, pero en la reunión en Montevideo esto se terminó de saldar a partir de la definición del modo de participación del público en el Comité de Negociación, a partir de ahí comenzó un proceso de círculo virtuoso en el cual el público pudo incidir cada vez más en las negociaciones”, explica Nápoli. Por ello en la disposición de los artículos del Acuerdo (que están articulados en la medida en que se fue avanzando en las negociaciones) se ve reflejado un “estándar más bajo” en los primeros artículos de acceso a la información que demuestra ese  enfrentamiento de un primer momento, luego en los artículos de participación ese nivel estándar sube y lo mismo ocurre en los referidos a la justicia; y finalmente en el último capítulo sobre los defensores ambientales se ve reflejado el nivel de ambición logrado por parte del público, ya que, “dicho capítulo ni siquiera estaba en el texto borrador inicial”. Este “círculo virtuoso” sirve para reconocer el continuo in crescendo que tuvo la negociación: “ya no es un tema de negociación entre países sino intersectorial”.

Al mismo tiempo, Nápoli entiende que el Acuerdo de Escazú, en parte, es el logro de una política organizada y acordada por actores no estatales (con el fundamental apoyo de la CEPAL). Ahora, “la esperanza está en que Escazú sea un camino de integración de la región: un foro ambiental para América Latina y el Caribe”; porque si bien en relación al Acuerdo hubo una constante coordinación entre las organizaciones, en un plano general sobre los conflictos socioambientales no se cuenta con la misma suerte: “en la región aún no hay una coordinación sistemática”.

Por otra parte, la Prof. Soledad Rojas Kotzing (2020), activista ambiental de la quinta región de Chile y voluntaria de Escazú Ahora Chile, confía en que el Acuerdo eleve realmente los estándares de protección ambiental en la región. Específicamente en Chile, si bien el Acuerdo no fue firmado por el gobierno de Sebastián Piñera, la lucha por el acceso a la información, a la participación en las tomas de decisiones y a la justicia en asuntos ambientales sigue en pie. En especial por la vida de activistas que dejaron un importante legado de lucha y compromiso por el medioambiente, como el caso de Macarena Valdés o Alejandro Castro, que “pusieron su cuerpo y su vida en una causa que es responsabilidad de todos”. La muerte de ámbos sigue sin ser esclarecida, la falta de justicia y la desprotección de sus familias hace que se mantenga el reclamo por la protección de las defensoras y los defensores ambientales. 

“Macarena Valdés era mapuche, era pobre y la mataron por liderar una lucha contra la instalación de una central hidroeléctrica en el río Tranguil”, dice Rojas Kotzing. “Su legado es que sigamos en lucha por la violencia invisibilizada hacia los activistas socioambientales”. De manera que, “las nuevas generaciones vienen reclamando una mayor participación en las tomas de decisiones, algo que en Chile no se acostumbra debido a la herencia de la dictadura por el orden y el cumplimiento sistemático de la ley”. “La introducción de las temáticas medioambientales en Chile se ve potenciada por el involucramiento de los jóvenes, son los más jóvenes los que toman esta posta y vuelven política la acción”. 

En suma, en un contexto de crisis del multilateralismo mundial y de una mayor fragmentación entre los países de la región, la firma del Acuerdo de Escazú es un paso adelante en la promoción de una agenda regional ambiental liderada por la significativa participación del público. 

Vemos en Escazú un modelo de integración de abajo hacia arriba, logrado por y para América Latina y el Caribe. La superación del carácter intergubernamental en la conformación de la agenda puede entenderse desde la coordinación sostenida de movilización social entre los países de la región, entre ONGs, asociaciones, movimientos de base y demás. La creación de una estructura de este tipo modificó las prioridades de la integración regional, ya que, por ejemplo, como mencionaba Nápoli, la temática de los defensores ambientales ni siquiera estaba en agenda.

En definitiva, fueron actores no estatales los impulsores de los principales artículos del Acuerdo; actores que se constituyeron eventualmente en un movimiento social transnacional para hacer visibles sus reclamos y para llevar sus propuestas a los representantes de los gobiernos en las sesiones de negociación.

BIBLIOGRAFÍA

Barchiche, D., Hege, E., & Napoli, A. (2019). El Acuerdo de Escazú: ¿un ejemplo ambicioso de tratado multilateral a favor del derecho medioambiental? IDDRI.

CEPAL. (2018). Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Santiago de Chile: CEPAL.

CEPAL. (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. (2012). El regionalismo “post-liberal” en América Latina y el Caribe: Nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos. Buenos Aires: CRIES.

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). (2019). La senda de sociedad civil hacia el Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe. Lima: DAR.

Garino, M. A. (2020). Movimientos sociales transnacionales como prmotores de la transformación del regionalismo latinoamericano. América Latina em foco .

Haass, R. (2020). The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It. Foreign Affairs.

Naciones Unidas. (1992). Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Rio de Janeiro: Naciones Unidas.

Romero, C. N. (2019). Claves del Acuerdo de Escazú. Buenos Aires: Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

Sikkink, K. (2003). La dimensión transnacional de los movimientos sociales. Más allá de la nación. Las escalas múltiples de los movimientos sociales.