Daniel Ortega Cirera.

#SistemasElectorales

#FórmulasElectorales

#Proporcionalidad

Recientemente Podemos ha presentado en sociedad una reforma del sistema electoral para el Congreso de los Diputados consistente, nada más y nada menos que, en cambiar la fórmula electoral, entre otros aspectos del régimen electoral (fijar la edad de voto en los 16 años, establecer “listas cremallera”, debates electorales obligatorios…). No ha hecho falta mucho tiempo para que Ciudadanos se sume a esta nueva iniciativa, el PSOE se posicione en la indefinición y el PP se niegue rotundamente ¿Cuál es el origen de este conflicto? D´Hondt vs. Sainte-Laguë. Veámoslo.

La reforma centra su foco de acción en la fórmula electoral regulada en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (para nosotros, la “LOREG”), lo que permite sortear las trabas que supondría la necesidad de modificar algún otro elemento del sistema electoral que se regulase en la Constitución (como es el caso de la circunscripción) y que obligaría, por tanto, a una reforma constitucional en toda regla (con las mayorías cualificadas que eso conlleva…).

Más allá del régimen electoral general, conviene destacar la existencia de 17 sistemas electorales más. La consolidación en 1978 del Estado de las Autonomías supuso la creación de 17 Parlamentos regionales y, por ende, cada una de las Comunidades Autónomas, con la salvedad de Cataluña que se remite expresamente a la regulación de la LOREG (dado que carece de regulación autonómica), han incorporado en su Estatuto de Autonomía algunos elementos diferenciales de su régimen electoral que les caracteriza frente al dispuesto en la LOREG, aunque siempre desde el respeto a la regulación estatal, aspecto que en opinión de algunos autores, ha dado lugar a una cierta homogeneidad y mimetismo entre el régimen electoral general y los diferentes regímenes autonómicos (Gavara de Cara, 2007).

Contamos con 1 RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL y 17 REGÍMENES ELECTORALES AUTONÓMICOS

No interesa profundizar en este régimen autonómico, más allá de indicar su existencia, puesto que la reforma propuesta por Podemos se centra en el régimen electoral general de la LOREG, más concretamente en la fórmula electoral, sobre el cual tienen competencia decisoria las Cortes Generales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, de salir adelante la reforma, ésta tendría una gran repercusión para aquellas Comunidades Autónomas que no hubieran legislado nada al respecto (Cataluña) o que se remitieran expresamente en este aspecto a la legislación estatal (caso de Madrid, Baleares, Cantabria, Navarra y Canarias), manteniéndose para el resto de las Comunidades Autónomas la fórmula que hubieran previsto en su legislación electoral específica.

Para las elecciones generales; así como para las autonómicas al Parlamento de Cataluña, Madrid, Baleares, Navarra, Cantabria y Canarias, tras la reforma, sería aplicable la Fórmula Sainte-Laguë; mientras que para el Resto de Comunidades Autónomas, la fórmula aplicable sería la prevista en su legislación específica (salvo reforma): D´hondt.

Como ya vimos, la fórmula D´Hondt, está regulada en la LOREG; concretamente en el artículo 163 y es, simple y llanamente, una fórmula matemática de escrutinio para distribuir votos entre escaños. Entonces, ¿qué la hace tan diabólica para que los dos partidos “más jóvenes” pretendan modificarla y los dos “más viejos” se posicionen en contra? Vamos a ello.

Comencemos por destacar que, en lo relacionado con las fórmulas electorales, existen dos grandes familias que, a su vez, permiten diferenciar entre los dos grandes tipos de sistemas electorales: (i) las fórmulas mayoritarias (vienen a resolver el problema de traducción de votos en escaños, de forma que el candidato o lista que obtenga el mayor número de votos se hace con el/los escaños en juego) y (ii) las fórmulas proporcionales (pretenden distribuir los escaños entre las candidaturas contendientes en función del número de votos obtenidos por una de ellas).

La fórmula D´Hondt (al igual que Sainte-Laguë) es una fórmula perteneciente a la familia proporcional (concretamente, a la subfamilia de “divisores”) que, como hemos visto, establece como objetivo el ajuste entre el porcentaje de votos y escaños que reciben los partidos. En este sentido, y según NOHLEN, la lógica de la decisión que inspira a esta familia de fórmulas (y al sistema electoral que caracteriza) es la representatividad-proporcionalidad.

Las fórmulas electorales proporcionales de divisores tienen un funcionamiento diferente al de las fórmulas de cuotas (la otra subfamilia de las fórmulas proporcionales): estas últimas se caracterizan por establecer una cuota de reparto (q), obtenida de dividir el número total de votos entre escaños a repartir, de forma que se fija el número de votos necesarios para obtener un escaño, procediéndose a continuación a su reparto entre los partidos que obtengan esa cuota. Algunos ejemplos de fórmulas proporcionales de cuota serían Hare, Droop, Imperiali.

Para proceder a la distribución, en el caso de D´Hondt y Sainte-Laguë (como fórmulas electorales proporcionales de divisor), los votos de cada partido se dividen entre una secuencia de cálculo, según el número total de escaños a cubrir. Posteriormente, se ordenan de mayor a menor y se procede al reparto.

Como puede comprobarse, la diferencia entre D´Hondt y Sainte-Laguë está en el denominador; mientras que para D´Hondt las sucesivas divisiones se realizan según el orden natural de números, para el caso de Sainte-Laguë las divisiones se realizan entre números impares. Esta pequeña diferencia genera grandes repercusiones a nivel de proporcionalidad.

Veamos un ejemplo con los resultados de las últimas elecciones generales, teniendo en cuenta que los cálculos que realizaremos atienden, únicamente, a los efectos mecánicos del sistema electoral (suponiendo que, aunque se hubiera implementado la reforma, no se habría alterado el sentido del voto), obviando los efectos psicológicos, entre los que destaca en el caso español el conocido como voto estratégico o voto útil.

En las elecciones generales de 2016 (donde fue de aplicación D´Hondt), la distribución de votos y escaños quedó de la manera en que se indica en la tabla siguiente. Como se pone de manifiesto, la diferencia entre el porcentaje de votos y escaños fue muy significativa para el caso del PP: con un 32,72% del total de votos, logró obtener casi un 40% de los escaños. En términos “comerciales”: mientras que al PP le cuesta 57.709 votos obtener 1 escaño, al PSOE le cuesta 63.820 votos, a Podemos 71.123, a C´s 109.338, a ERC-CATSI 69.921, a CDC 60.229 y a PNV 57.243.

Es evidente que la aplicación de la fórmula D´Hondt genera una cierta distorsión en la atribución de los escaños, aunque este efecto no se debe EXCLUSIVAMENTE a la fórmula, sino al diseño del sistema electoral (baja magnitud de las circunscripciones) y sus sesgos mayoritarios: favorece a los partidos relevantes (PP y PSOE, a quienes el “precio” por escaño les sale más “rentable”), en detrimento de los partidos intermedios (Podemos y C´s). Este motivo, es el argumento principal de la cruzada iniciada por Podemos que parece contar con el apoyo de C´s.

La hipótesis de ambos partidos radica en que, sustituyendo la fórmula electoral, se logrará, sin alterar ningún otro elemento del sistema electoral, una mejora significativa en términos de proporcionalidad. Echemos cuentas…

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados de 2016 publicados por la Junta Electoral Central y los cálculos de ALBERTO PENADÉS

Es evidente que sí se produce una mejora en términos de proporcionalidad: la anterior diferencia escaños/votos de casi 6.5 puntos para el caso del PP se reduce a 2.13 y, el coste escaño/voto pasa de 57.709 votos/escaño a 64.804 votos/escaño. Para el resto de los partidos, es igualmente evidente, siendo muy relevante la mejoría para el caso de Podemos y  C´s aspecto que, por otro lado, pone de manifiesto su interés, entusiasmo e insistencia porque esta reforma salga adelante.

Esta relación se ve más clara en el siguiente gráfico donde, al comparar cómo con el mismo número de votos, pero aplicado una fórmula electoral u otra, la distribución de escaños varía de forma clara.

El cambio es evidente. Pero más allá de estas cifras, la modificación de la fórmula electoral genera un efecto positivo sobre el conjunto del sistema electoral español. En este sentido, dos son los indicadores que permiten esclarecer esta cuestión: (i) el Índice de desproporcionalidad de Gallagher y (ii) el Número Efectivo de Partidos parlamentario (en adelante, el “NEPP”). Si se quiere conocer más acerca del funcionamiento y el cálculo de estos índices, se puede consultar Gallagher (1991) y Laakso y Taagepera (1979).

A la vista de los datos que arroja la tabla anterior, podemos destacar principalmente las siguientes conclusiones, a saber:

  • (i). El Índice de Gallagher, que mide la desproporcionalidad de un sistema electoral, disminuye en casi 4 puntos. Ello pone de manifiesto como una leve modificación de la fórmula hace que el sistema electoral en su conjunto sea más proporcional.

 

  • (ii). El NEPP, aumenta en casi medio punto, aspecto que daría lugar a una mayor fragmentación del sistema de partidos y; por tanto, a una mayor representación. No obstante, debe tenerse en cuenta que, aunque esta medida reduce la desproporcionalidad, la baja magnitud de una parte de circunscripciones sigue generando efectos mayoritarios

 

  • Sin embargo, una mayor fragmentación implica, asimismo, mayores dificultades en términos de gobernabilidad. Si consideramos que tras la irrupción de Podemos y C´s se han prorrogado los presupuestos en dos ocasiones, reprobado a cuatro ministros… ¿Qué ocurriría tras la reforma? Al estar más fragmentado el sistema de partidos, se hace necesario una mayor negociación y cooperación entre las diversas fuerzas políticas…

La conclusión a esta reflexión es sencilla: vistos los eventuales resultados que arrojaría la aplicación de la fórmula Sainte-Laguë, parece lógico pensar que el PP se muestre reacio, el PSOE se posicione en la indefinición y Podemos y C´s la apoyen enérgicamente, bien por los beneficios electorales que ello supondría, bien por una causa justa de proporcionalidad del sistema.

Asimismo, debe ser parte de nuestra conclusión (y del debate en general) la confrontación entre proporcionalidad y gobernabilidad: si abogamos por una mayor proporcionalidad, se hace necesario un mayor compromiso de negociación por parte de los partidos políticos de cara a garantizar la gobernabilidad. Sólo queda esperar a ver quién gana la batalla por la proporcionalidad…

Bibliografía

LAAKSO, M.  y TAAGEPERA, R. (1979). Effective” Number of Parties A Measure with Application to West Europe”. Comparative Political Studies. 12:1, pp. 3-26

GALLAGHER, M. (1991). “Proportionality, disproportionality and electoral systems”. Electoral Studies, 10 (1), pp. 33-51.

GAVARA DE CARA, J.C (2007). La homogeneidad de los regímenes electorales autonómicos. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales: Madrid.

OCAÑA, F y OÑATE, P. (1999) “Índices e indicadores del sistema electoral y del sistema de partidos. Una propuesta informática para su cálculo”. REIS: Revista española de investigaciones sociológicas, 86, pp.223-245.

URDÁNOZ GANUZA.  (1999) “Medición de la desproporcionalidad electoral: una crítica a los Mínimos Cuadrados”, Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 115, pp. 257-295