Miren Marzabal Marijuan.

 

En los cómics de Asterix el Galo de Gosciny y Uderzo se narran las aventuras y desventuras de una aldea poblada por irreductibles galos que resiste, imbatible, al invasor. La última intervención del Ministro de Hacienda y Función Pública respecto de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid se asemeja irónicamente a uno de los planes descabellados del ejército romano para tomar el control del mencionado pueblecito. Más allá de las burlescas comparaciones y, ante el panorama político actual, podríamos cuestionarnos si las políticas municipales de (algunas) ciudades españolas son el último reducto de políticas públicas hechas por y para la gente, que resisten, muchas veces a duras penas, los embates de los invasores romanos a los que tanto incomoda y molesta, precisamente, su éxito.

La situación política española es, cuanto menos, desalentadora. Con una población cada vez más desvinculada de las instituciones, que desconfía de la clase política con alarmante resignación; una deuda que ahoga las cuentas públicas; la permanencia en el poder de partidos tradicionales así como la rápida extinción de la que una vez se pudo presentar como la llama del cambio, la democracia ha perdido su demos y el pueblo ya no sólo no legitima, sino que es sistemáticamente marginado e ignorado en las Cámaras que una vez fueron concebidas para su representación, lo cual no pasa desapercibido a ninguna de las partes: ni excluidos, ni excluyentes, ni cualquiera que pasivamente, sin enmarcarse en alguna de las dos categorías, observe la situación. Mientras tanto, la crisis económica sigue presente en forma de desahucios, cifras de paro astronómicas, contratos basura y decenas de miles de familias que rozan peligrosamente el abismo de la precariedad. Pues una mejora laboral extensiva no tiene por qué implicar ni, de hecho, implica, una mejora intensiva.

En este contexto, nos encontramos con que una serie de Ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza o Cádiz han conseguido reducir la deuda pública de sus respectivas ciudades a cantidades que, según las predicciones del gobierno, no eran, directamente, posibles. Los alcaldes y alcaldesas están intentando llevar a cabo políticas de renovación urbana y democratización de los municipios plantándose ante los desahucios y la especulación inmobiliaria, fomentando los espacios verdes y la creación de comunidades urbanas, dando voz a las asociaciones de vecinos. Parece que esta situación nos sitúa ante un paulatino proceso de recuperación de las instituciones por parte de quienes presentamos como excluidos y no, por el contrario, sino frente a los excluyentes. Dicho proceso habría empezado, como suele pasar con los asuntos intrínsecamente complejos y difíciles, por aquellas que, precisamente, siempre se consideraron menores y que, no obstante, permiten presentarlo bajo una apariencia de irreductiblemente imparable. Dentro de todos estos proyectos de cambio y renovación urbana destaca, por su innegable simbolismo así como por las ampollas que levanta, la peatonalización de la Gran Vía de Madrid.

Este plan, que poco a poco se materializa en una realidad con vocación permanente (o, al menos, potencialmente irreversible), no es solamente una manera de reducir la contaminación y restringir el tráfico privado, cuestiones ambas de vital importancia, pero meramente formales (asuntos que podrían tildarse casi de estadísticos por ser planteados como meramente cuantificables, reducibles a ristras de cifras) sino, igualmente (o más aún), representa una devolución de la calle a sus legítimos dueños: los ciudadanos y habitantes de Madrid, aquellos que pasean, que se sientan en las terrazas, que recorren sus metros de asfalto y acera de camino al trabajo y de vuelta a casa; aquellos a los que tanto quienes excluyes como quienes observan pasivamente, independientemente de su ideología, parecen haber olvidado o, mejor dicho, abandonado. Y es que deberían ser no el medio, sino el fin de las políticas que se desarrollen desde el ámbito municipal hasta el supranacional (o habremos perdido el sentido de la clasificación de la constitución jurídica de las entidades administrativas locales antes, o primordialmente, caracterizadas como corporaciones administrativas de naturaleza indiscutiblemente pública que como entes de carácter territorial). Con esta peatonalización el Ayuntamiento de Madrid ha democratizado el centro de la ciudad, permitiendo tomar las calles a sus verdaderos dueños, a aquellos sin los cuales la propia existencia de éstas no tendría sentido (no al menos en un Estado Social y Democrático de Derecho).

Desaparecen así los privilegios del uso del vehículo privado y el destierro de los ciudadanos a los márgenes de la calle, y de la política misma. Desaparecen los accidentes y los ruidos, el estruendo de atascos y pitidos que había tomado el centro de la ciudad. ¿Y qué queda? Queda la voz de la gente que, quizá al principio, pueda parecer confusa, incluso contradictoria, pues ha perdido la costumbre de usarla. Queda, en fin, el espacio recuperado por los ciudadanos, que vuelven a transitar las calles que hoy son más suyas que nunca. El cambio de posición de quien en un momento fue excluido para ser ahora constituyente: la representación de la llama que, cuando intentamos consumir privándola de oxígeno con una botella crepita tan fuerte que quiebra el cristal.

Este proceso de cambio en los Ayuntamientos no es un fenómeno aislado en España. Encontramos ejemplos en otras grandes capitales europeas como Berlín, París y Londres, donde los alcaldes y alcaldesas están llevando a cabo, además de proyectos de peatonalización en áreas centrales de la ciudad, otras políticas de democratización urbana, como facilitar la acogida de refugiados, crear más guarderías municipales y centros sociales en los barrios, ampliar las zonas verdes… Parece que nos encontramos ante una ola de renovación política que tiene su semilla en los Ayuntamientos, en lo que parece una respuesta al desalentador panorama político a nivel internacional.
Este fenómeno parece ser una llamada a recuperar la esperanza en la política, a demostrar que se puede hacer gestión por y para la gente, no solo atendiendo a sus necesidades y demandas sino tomándolas tan en serio como merecen. Se trata de emitir la respuesta indicada (aunque no tenga por qué ser correcta) de la manera más beneficiosa para todos. Podemos demostrar que, como ciudadanos, no necesitamos la poción de Panoramix para resistir, nos basta con devolverle a la democracia su verdadero significado y recuperar los espacios que, por derecho, nos corresponden.

Y así sucede que en esta línea no se llevarán a cabo, se quiera o no, unas políticas que sean capaces de recoger de la manera más acertada posible la representación democrática de tal o cual circunscripción sino que, por el contrario, lo que se hará será, precisamente, acercar el desarrollo del concepto de democratización, en abstracto, elevado a su agotamiento fáctico, a la propia política misma recuperando así el démos: no debemos centrarnos en discutir qué políticas aplicar a tales o cuales demandas democráticas sino, más bien, cómo democratizar al máximo esas políticas que, como Aristóteles bien sabía, nos son tan inherentes como la propia racionalidad (y la analogía no es azarosa).