Juan Rodríguez Vallejo.

 

El proyecto de semi-peatonalización de Gran Vía, que se incluye dentro del Plan A de movilidad liderado por el gobierno de la alcaldesa, Manuela Carmena, se ha puesto en marcha el 1 de diciembre de 2017 y plantea una restricción al tráfico que afecta a uno de los ejes de movilidad de la capital madrileña. Las cuestiones varias que se plantean acerca de su verdadero impacto sobre la movilidad o el medio ambiente han eclipsado otras cuestiones que nos obligan a pensar en el contrato social escrito ¿por quién o quiénes?, casi cuatro siglos atrás, para así cuestionar cómo las políticas públicas deben replantear nuevos modelos de convivencia en los que se prioricen las cuestiones de orden ético y moral por encima de las libertades en cuanto a movilidad.

Las propuestas del consistorio madrileño no se resumen en una política de peatonalización para dar más espacio al peatón, ni siquiera para reducir el uso del utilitario privado. El grupo de Gobierno asume, sin embargo, que se trata de políticas que van más allá de esto, que buscan modificar los hábitos de movilidad. Y, si se analiza la realidad de los problemas que sufren las grandes urbes en cuanto a contaminación se refiere, que incumplen la normativa europea de emisión de gases contaminantes, la voluntad es correcta. Del mismo modo, la elección del corte de una calle como es Gran Vía se puede observar como el inicio de una política que busca una concienciación colectiva sobre la viabilidad de la utilización de espacios públicos de forma diferente a como se viene haciendo en la actualidad.  La política, que se erige como una política de movilidad, busca publicitar el problema a través de medidas de corte simbólico, como es la restricción del paso de vehículos por la céntrica calle madrileña de Gran Vía. En ese sentido, la oposición al Gobierno municipal no se equivoca cuando dice que la contaminación madrileña, y los problemas sanitarios que de ella derivan, no se van a solucionar cortando una calle en la que no se aglomera el grueso del tráfico rodado. El Ayuntamiento debe asumir que su política es puramente simbólica, pero no por ello menos importante, porque el valor cultural de los centros de las ciudades no hace más que agrandarse y atraer turistas, un valor en alza en las últimas décadas y uno de los principales pulmones económicos de la urbe. Es por ello, que se debe plantear un nuevo modelo de transporte público preeminente sobre los medios de movilidad individuales. Porque la concienciación social sobre un problema que atañe al grueso de la población y que plantea un futuro incierto en cuanto a los problemas sanitarios y medioambientales es fundamental para la buena salud de los ciudadanos.

Este proyecto ha movilizado a gran número de colectivos económicos y sociales, y está teniendo una notable presencia en la prensa escrita y medios audiovisuales. Pero quizás la cuestión no debería enfocarse sobre el impacto que tendrán estas medidas sobre el resto de los diferentes actores afectados de forma directa y señalados como destinatarios de los impactos negativos del proyecto (transportistas, peatones, conductores, etc.), sino sobre la implicación que ha de tener la sociedad con las mismas. Según todos los estudios, estamos al borde de un punto de no retorno con respecto al cambio climático, de ahí que sea necesario apoyarnos en estas políticas para ser parte activa de un nuevo contrato social y no condenar a las generaciones futuras. Corresponde, por tanto, a los actores sociales, políticos, económicos y financieros cambiar la cuestión de la movilidad en las grandes ciudades. Porque, en un mundo que vira desde hace décadas hacia un urbanismo cada vez más intenso, el modelo del futuro no puede construirse a costa de la salud de los sectores de población más vulnerables a la contaminación: ancianos y niños, que colapsan los recintos hospitalarios cada vez que se generan índices de contaminación que superan la norma.

Por su parte, la libertad de la movilidad de los ciudadanos no puede ser erigida nunca más como excusa y como logro inalienable de una lucha pasada. Todos los actores, encabezados por unos grupos políticos concienciados y activos, tienen que comprender que una sociedad libre no es aquella en la que podamos desplazarnos, sino una en la que podamos ser libres de movimiento sin pagar por ello el precio de nuestra salud.

Finalmente, las cuestiones de orden ético y moral suelen ser insuficientes para movilizar a los actores competentes hacia un cambio. Es obligado recordar que el cambio climático, también contribuye a los elevados costes sociales, sanitarios, financieros y económicos que suponen los elevados índices de contaminación ambiental en las grandes ciudades, combinado con la emisión de gases y sustancias nocivas de los vehículos. Estos costes no hacen más que aumentar y necesitan de una adecuación del modelo productivo al modelo social. Es por ello, que se necesita reactualizar las formas de convivencia, pensar que la sociedad se construye no sólo para el presente sino de cara al futuro.

Es preciso potenciar el desarrollo de un contrato social que apueste por el futuro, sustentado en políticas que resulten saludables para las personas. Correspondería el liderazgo a las instituciones de gobierno de las ciudades y al conjunto de la ciudadanía, y su objetivo principal debería estar alineado con el diseño de nuevos modelos de convivencia en el ámbito urbano; racionalizando el uso de los medios de transporte individuales y optimizando los transportes públicos, además de potenciar los medios de transporte alternativos que no requieren el uso de materiales contaminantes, o su consumo se reduzca hasta límites razonables. Es probable que todavía estemos a tiempo de hacerlo, de lo contrario, estaríamos contribuyendo al avance de una de las más peligrosas consecuencias del desarrollo indiscriminado y descontrolado de las grandes urbes, combinado con la cada vez más inquietante presencia de vehículos contaminantes, un cóctel que, sin duda, resulta cada vez más explosivo.